Perú: ¿Enfrentando una nueva forma de subversión?

1. La Subversión de Sendero Luminoso

Entenderemos por subversión “las actividades de grupos o colectivos que promuevan el derrocamiento o debilidad de un gobierno mediante actividades violentas o contrarias al Estado de Derecho”. Ciertamente definiciones de subversión hay muchas y es un concepto amplio y que ha evolucionado. Por ello se ha elegido la definición precedente, conjunción de varias.

Por lo común, cuando se habla de subversión se asocia con el terrorismo. Más allá de la exactitud o no de esta asociación de ideas (que asumiremos como parcialmente cierta) el terrorismo es solo una forma de subversión que el Estado Peruano sufrió con mayor intensidad desde 1980 hasta el año 1992, cuando un Grupo Especial de la Policía Nacional captura a Abimael Guzmán.

Sendero Luminoso era un grupo criminal, en principio, con ideología maoísta-marxista-leninista-Pensamiento Guía del Camarada Gonzalo (Abimael Guzmán) que tenía un Comité Central, comités departamentales, división de funciones y ejercía el terrorismo en base a dicha estructura. Podríamos decir, que salvo variantes, tenia semejanzas con otros grupos sudamericanos de la década del 70.

Podríamos decir que Sendero Luminoso era un grupo que tenía un enfoque militar-político, movilizaba recursos y definía, en su plan para acabar con el Estado Peruano, unas fases estratégicas bien definidas. Junto con el MRTA monopolizaban en el Perú de entonces el accionar subversivo con exclusión de otras fuerzas.

Gracias a la labor de las FFAA y especialmente de la PNP que capturó a Abimael Guzmán, originando la debacle de Sendero, al margen de errores estratégicos de Sendero Luminoso, como excluir al campesinado de su lucha o intentar el cerco de la ciudad de Lima, los que afortunadamente fueron aprovechados por el Estado Peruano.

2. Situación Actual

Sin embargo, es nefasto siempre cantar victoria antes de tiempo sosteniendo que se eliminó la subversión tal como hizo el Estado Peruano desde 1997 en adelante. Es propósito principal del artículo demostrar que la subversión ha evolucionado hacia nuevas formas y estilos. Como bien anota el Profesor David Spencer¹ del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa, existe una nueva oleada de Violencia Política, Insurgencia y Terrorismo en América Latina.

Continua el citado profesor indicando que factores como la debilidad democrática (el Estado vulnera todavía muchos derechos ciudadanos), la criminalidad, las causas indígenas y la exclusión, entre otros, persistentes en una gran parte de la población latinoamericana constituyen factores contribuyentes a la formación de una nueva oleada de radicalización en Latinoamérica.

Esta combinación de factores, algunos presentes en el Perú, originan una mutación en la forma de subversión. Si antes se hacía explotar un coche bomba en Lima, ahora se bloquea una Carretera Principal o se toma un Aeropuerto durante días sin que el Estado pueda hacer retornar el Estado de Derecho. Hechos como el Baguazo demuestran claramente que existe una nueva forma de Subversión que no está siendo tomada como tal pero que continua desarrollándose a veces con el aval del propio Estado.

3. ¿Estimulo Estatal o Militar?

Tenemos así que hace unos meses el Ejército Peruano entregó armas a unas rondas campesinas² en la Región Militar del Centro y ello se consideró un gran logro en la “sencilla” lógica del General o Comando de la zona sin tener en cuenta que dichas rondas pueden estar ligadas a organizaciones como Pukallacta o similar con efectos nocivos sobre la seguridad nacional³.

Durante el Baguazo (Junio 2009), dado el gran numero de nativos selváticos que tienen instrucción militar y forman parte del Ejercito (servicio militar voluntario o suboficialidad) se temió que los nativos no obedecieran ordenes y se trasladó tropa de la costa peruana para hacer frente a los desmanes. Y durante los últimos hechos de tomas de carreteras en Chala durante el paro de mineros INFORMALES (abril del 2010) se tuvo conocimiento de integrantes de Rondas Campesinas que intervenían en dicha protesta como estrategas.

Cuestión también importante es el comportamiento de algunos gobiernos regionales o autoridades municipales, casi siempre de signo Ollantista⁴, que en su conducta política conspiran contra el Estado de Derecho promoviendo organizaciones o colectivos que realizan actos violentos. Y se recurre a la figura del Frente de Defensa (organización no nacida del sufragio) para dar soporte político a protestas por la explotación de recursos naturales, anti mineras, ambientalistas u otro tipo de reivindicaciones sociales.

4. Conclusiones

Una nueva forma de subversión (no terrorista) se encuentra implementándose en el escenario político peruano con la anuencia de sectores estatales imbuidos y entusiastas de ideas de la década del 70 en conjunción con una nueva izquierda o nacionalismo que ha tomado los gobiernos regionales y municipales del interior del país.

Esta nueva subversión se manifiesta en la zona Andina y en ciertas zonas de Selva bajo las ideas de organizaciones sociales como Frentes de Defensa contando con la colaboración del Estado Peruano (Gobiernos Regionales).

5. La creación de los gobiernos regionales introdujo una nueva instancia de poder político, burocrático y ahora económico (mediante transferencias del gobierno central) que en manos de elementos de la nueva subversión pueden originar debilitamiento estatal. Estamos advertidos. La impecable presentación económica del Estado Peruano desde 1992 al presente puede frustrarse irremediablemente.

1 Prospective of Homeland Security and Defense Course (PHSD) de Marzo 2010, CHDS, Washington DC, EEUU.

2 Articulo “Juguemos a la Ronda” de Dardo Lopez-Dolz Madueño, ex viceministro del Interior en

http://www.idsperu.blogspot.com/.

3 Existe al interior del Ejército Peruano una absoluta influencia del pensamiento Velasquista, dictador durante los años 1968-1975. Los Generales de hoy son los cadetes de Velasco y se siguen formando actualmente promociones en dicha línea de izquierda considerándose agentes del cambio social o “de su movilidad social” en muchos casos (corrupción). Y existe además una extrapolación indebida de la situación de los 90s con la del 2010 en el combate a la Subversión. Son tendencias anacrónicas que se deben desterrar.

4 Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista del Perú, cuenta con el apoyo “disimulado” del Ejército Peruano en todos los niveles.

Chile estrena nuevo jefe de Inteligencia

Andrés Gómez de la Torre Rotta *

La reciente designación de Gonzalo Yussef Quiroz, como nuevo jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, de Chile, muestra una vez más el bienvenido perfil netamente político, y el carácter de puestos de total confianza, que adquieren felizmente en la región las jefaturas de inteligencia.

En Chile, inteligencia también trae – pero en nivel extremadamente inferior al local-, su respectiva cuota de cotilla, saoco, rumor y especulación, habiéndose deslizado meses atrás, la candidatura de nuestro querido amigo y colega, el ingeniero y politicólogo Guillermo guille Holzmann Pérez, para la jefatura de la ANI. Holzmann es un técnico y experto, ensayista y catedrático de nota; probablemente sea quien más sabe de inteligencia en Chile. Su falta de actividad política partidaria le jugaría en contra.

Yussef por su parte, es el quinto jefe de inteligencia chileno (bordea los 40 años y registra militancia en el partido Renovación Nacional – RN), desde la transición a la democracia en 1990: Con la creación de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, DISPI, en 1993 mediante la Ley 19212 los jefes fueron: Isidro Solís Palma, Angel Flishfich Fernández, Mario Papi Bayer, y Gustavo Villalobos Sepúlveda (10 años en el cargo, contados entre la DISPI y la ANI). Un dato curioso; esos cinco jefes exhiben un denominador que les es común; todos son abogados y registran militancia política.

La Ley 19974 de 2004, del Sistema de Inteligencia del Estado y Agencia Nacional de Inteligencia, Capítulo II, DE LA ORGANIZACIÒN, artículo 9º, señala el concepto de exclusiva confianza del Presidente, a la dirección superior de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, resulta interesante señalar que el flamante director Yussef, no representa ni exhibe un perfil neta y estrictamente político, pues posee vectores y antecedentes profesionales, que resultan muy provechosos para el ejercicio de su nuevo cargo.

Graduado en la universidad de Valparaíso, y adicionalmente magíster en Lógica y Ciencias, es ex concejal municipal y Fiscal miembro del Ministerio Público, por lo que resulta obvio su amplio conocimiento de los temas de seguridad pública, ítem clave para la agenda y preocupaciones de la ANI, cuyos ejes centrales parecieran orientarse al ámbito y dimensión interna, en razón de su tradicional dependencia y adscripción al Ministerio del Interior.

Otro dato interesante; al formalizarse su designación, y presentarse públicamente con el ministro del Interior y el director saliente de la agencia, su declaración ante la prensa, en el sentido que esa primera oportunidad, probablemente sería la última, por la naturaleza de su cargo, revelaría la claridad que tiene Yussef para el cumplimiento de la misión encomendada. La prensa chilena, al respecto, se esmeró en reseñar el carácter impoluto de su perfil, lo que confirma las excelentes opciones de outsiders, que nunca merodearon el sector, como las mejores credenciales para conducir inteligencia.

Chile como el Perú, registran procesos muy similares en cuanto a la existencia de una transición de inteligencia, percutada por obra y gracia de modelos previos de policías políticas (SIN, DINA y CNI). Son de asombrosa similitud, los Decretos Leyes que regularon la DINA chilena (Nº 521) en 1974, y el SIN peruano (Nº 25635) en 1992. Con posterioridad, los nuevos servicios de inteligencia en democracia, creados en ambas naciones (la DISPI y el CNI), se orientaron a trabajar y asumir nuevos y esencialmente diferentes escenarios, de control, supervisión, fiscalización, y rendición de cuentas, bajo marcos normativos más exigentes, en la idea de evitar consabidas y nocivas concentraciones de poder, causantes de los desastres de inteligencia por todos conocidos. Las leyes de inteligencia chilena y peruana, 19212 (de 1993) y 27479 (de 2001) respectivamente, deben entenderse y encuadrarse dentro de parámetros jurídicos transicionales.

Culmino resaltando una innegable ventaja chilena: cinco jefes de inteligencia desde 1993; es indicador contundente que, pese a todos los defectos que se le pueda endosar, muestra la conciencia pública adquirida, de necesaria y fundamental estabilidad y continuidad en la conducción de su inteligencia nacional.

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* (Columnista Invitado) Abogado. Magíster en Política y Economía Internacional. Ha trabajado en el SIN, el CNI y la DINI, y para la Comisión de Defensa Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, así como para otros organismos públicos del Poder Ejecutivo en la presente década.

Hacia una Fuerza Armada moderna

(*) Dr. Dardo López-Dolz Madueño


Si su medico le dijese que tiene una infección que se esta expandiendo silenciosamente (narcoterrorismo), la cual se puede combatir con la misma medicina que le permitirá controlar su delicada condición cardiaca, que hace inevitables crisis periódicas (lluvias, huaycos, sequías, terremotos, tsunamis) y que la ciudad en que vive es propensa a los accidentes de transito (conflictos fronterizos). Destinaría usted sus escasos recursos a prevenir los accidentes de transito?

Las economías pequeñas, estamos forzadas a invertir y gastar inteligentemente. La defensa y la seguridad, primera razón para la existencia del Estado (sin ellas no es posible proteger la salud ni brindar educación), no se escapa de esta norma.

Resueltos nuestras rencillas norteñas, sin problemas contemporáneos relevantes con Brasil, Colombia ni Bolivia, la preocupación castrense, ha venido mirando con explicable recelo la velocidad con que el balance bélico se invirtió.

Podríamos comprar tanques, buques o cazas, pero no alcanzaría ni un equilibrio disuasivo. Además, el gasto operativo que estas demandarían, seguirá siendo imposible de cubrir con el ingreso corriente, traduciéndose en nula capacidad operativa real. Piloto que no vuela, marino que no navega, artillero o infante que no dispara no sirven para ganar un conflicto, la valentía es necesaria, pero no basta.

Ese tipo de compras, aun siendo necesarias, no debieran ser prioritarias en el tiempo. Debemos dirigirnos a una fuerza más pequeña motivada, con mejor preparación constante, equipamiento, remunerada decentemente y dotarla de:

1. Sistemas de comunicaciones radiales compatibles para toda unidad de la fuerza pública.

2. Inteligencia estratégica y operativa unificadas, evitando duplicación de esfuerzos o la neutralización interna.

3. Estrategia conjunta diseñada por un comando realmente unificado, ajeno a los infantiles celos interinstitucionales.

4. Equipamiento coherente con esa estrategia conjunta, sin las tradicionales soluciones eclécticas que terminan haciendo inviable la utilización coordinada de la fuerza.

5. Dotación masiva de helicópteros capaces de transportar rápidamente pequeños grupos operativos de fuerzas especiales; algunos aviones y helicópteros bimotor de carga que permitan rápidos traslados de ayuda (hospitales, provisiones y pertrechos) a donde se necesite; aviones de bajo costo operativo artillados, con cabinas blindadas y sistemas contemporáneos de observación térmica y nocturna.

6. Porta tropas blindados, lanchas artilladas y antitanques personales.

7. Armamento ligero moderno, homologado y de calidad comprobada en combate, para toda las FFAA y la PNP.

8. Entrenamiento común que permita operaciones conjuntas eficaces.

9. Restauración económica de la capacidad de maniobra y operaciones.

Ese es el camino. Insistir en una fuerza masiva sin capacidad operativa real, es traicionar tozudamente los sagrados intereses patrios.

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(*) Columnista invitado.

SIN Asesoría Jurídica

(*) Columnista invitado: Dr. Andrés Gómez de la Torre Rotta

Un déficit histórico de nuestros servicios de inteligencia, desde su creación en los años sesenta, ha sido la falta de un buen staff de abogados, a modo de soporte jurídico. Tradicionalmente, los puestos en la precaria e improvisada asesoría legal que exhibió durante muchos años el SIN, eran cubiertos por personal administrativo, que estudiaba la carrera de derecho y en el camino, al graduarse, asumía colocaciones profesionales (algunas, pese a ser no tituladas, asumieron irregularmente plazas profesionales) Los personajes que transitaron por la asesoría jurídica del SIN (OTAJ) desde fines de los años sesenta, hasta su caída en el 2000, fueron casi los mismos y muy pocos, cuyo denominador común fue su total carencia de expertise e interés en temas de seguridad nacional, defensa e inteligencia estratégica. Se trata de un problema estructural de la organización, que deberá ser encarado en el marco de la reconstrucción total del SINA, frente a la innegable existencia de un derecho de los servicios de inteligencia (1), y nuevos ángulos y vectores de la trama y relación entre producción de inteligencia y normas de derecho.

En el SIN de los años noventa, la asesoría jurídica (OTAJ) se embarcó y comprometió en apadrinar una forzada, traumática y artificiosa reconversión del órgano (con el Decreto Legislativo 746 y Decreto Ley 25635), bajo el argumento de un supuesto “efectivo” modelo centralista unificado, liquidando el Consejo de Inteligencia, COSI (Decreto Legislativo 270 de 1984). Ello derivó a la postre en la disolución del SIN. Los medrosos abogados y asesores legales del SIN, entre 1991 y 1992, jamás se arriesgaron a diseñar y sostener fórmulas imaginativas para fortalecer a éste y al SINA, evitando crear en paralelo una Stasi o Securitate andina. Cual efecto boomerang, la “reconversión” 91/92 contribuyó posteriormente al vergonzoso final del SIN el año 2000.

Sin embargo, una de las pocas cosas rescatables del antiguo personal jurídico del SIN, fue un inadvertido y poco valorado suceso, acaecido el viernes 18 de enero de 2008. En una audiencia judicial, e interrogatorio a Pedro Arcés Huertas Caballero, durante largos años miembro y luego jefe de asesoría jurídica del SIN, señaló que el artículo 8º de la Ley Ordinaria 27479 de 2001, es una copia textual del Decreto Ley 25635 de 1992. Finaliza Huertas en el sentido que, en el año 2001 continuaba, digamos, la situación esta del Servicio de Inteligencia Nacional. En resumen, el SINA y el CNI al 2001 tenían la facultad legal de hacer una inteligencia total, de vocación netamente expansiva, en todos los campos, niveles y dominios de la actividad nacional, como en los “dorados” y por algunos todavía añorados, años noventa.

Importante es el testimonio de Huertas Caballero, por que allí hay un gran meollo; la Ley 27479 de 2001, si bien tuvo en teoría 5 Proyectos de Ley previos, como materia prima e insumo para elaborar el predictamen, finalmente fue aprobada en el pleno en base un misterioso texto sustitutorio, del que hasta hoy se desconoce su procedencia. Aquí no hubo nada de mano “caviar”, y echa por la borda la tesis que el “civismo” post-montesinos anuló totalmente inteligencia. Otra cosa es que algunos de los nuevos jerarcas del CNI, no emplearan esas legítimas prerrogativas legales en democracia.

Manolo Vela, sociólogo guatemalteco de FLACSO, y consultor del Justice in Times Transition Program, Harvard University - 2002, para la reforma de la inteligencia peruana, fue contundente en un working paper mucho antes de las declaraciones de Huertas. Dejó muy en claro que la similitud de varios artículos de ambas normas, jamás debió suceder. (2).

Posteriormente, en el extinto Consejo Nacional de Inteligencia, el CNI, la asesoría jurídica se redujo a simple ente de trámite documentario, en asuntos laborales, cartas de despido, juicios nimios, aspectos contractuales en general, y especialmente de mucho chisme, sin comprometerse a asesorar y abordar colaborativamente, ángulos de importancia capital, como la gestión de contrainteligencia y los métodos de colección humana (HUMINT), con objeto de ser cuidadosos con la delgada línea roja de los derechos fundamentales.

Con la nueva ley 28664 de 2006, el órgano rector no central, la DINI, formaliza a los Vocales Superiores Ad Hoc, los pedidos de autorización judicial respectiva, para la realización de Operaciones Especiales, que suspenden transitoriamente derechos constitucionales. La autorización judicial legitima dichas operaciones (art. 20º). Es responsabilidad de la asesoría jurídica –hoy OAJ-, de elaborar una argumentación y sustentación convincente que viabilice ante el Poder Judicial y coadyuve a discurrir con celeridad dichas autorizaciones. Nos recuerda la Ley orgánica española Nª 2/2002, del 6 de mayo, reguladora del control judicial previo, promulgada a la par que los nuevos estatutos del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. La Exposición de Motivos de dicha norma es clarísima: “a efectos de establecer un control judicial de las actividades del citado Centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española”. Alude dicha Exposición de Motivos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El procedimiento previsto para los efectos, en el sistema español, resulta más complejo, detallado, menos expeditivo, por lo tanto más engorroso, que el diseñado en la ley peruana 28664.

Recordemos que España sufre dos tipos de terrorismo bastante diferenciados; el independentista, nacionalista y separatista y el proveniente del islámico y fundamentalista global. Pero existe un consenso prácticamente unánime, acerca de la necesidad de tal norma, no percibiéndose como garantista u obstaculizadora de la actividad de inteligencia para la seguridad del reino.

Volviendo a la asesoría jurídica de los servicios de inteligencia, ésta se ha expandido notablemente. Sin ser órganos principales de inteligencia, palabras y conceptos como internacionalización, inteligencia compartida, cooperación e interacción, derecho internacional, operaciones especiales, procedimientos de autorización judicial, preparación del ente para la fiscalización parlamentaria de la Comisión ordinaria de Inteligencia, opinión sobre la pertinencia de Proyectos de Ley congresales, respuesta a pedidos de información y visitas in loco, así como enlace parlamentario, son cuestiones casi inéditas, que imponen a aquellas oficinas, nuevos desafíos y profundos replanteos de su razón de ser.

Desde luego, parte de ese replanteamiento, no pasa por enviar a su “capital” humano de paseo por superficiales cursillos de ciertas entidades de instrucción en defensa (en los noventa fue Taiwán y en la presente década Estados Unidos). Recomendamos fervientemente el texto del Ministerio de Defensa de España, Cuadernos de Estrategia Nº 127, “Estudios de Inteligencia: Fundamentos para la Seguridad Nacional” (junio 2004). Convoca a los mejores especialistas para abordar los temas aludidos.

Terminamos estas breves reflexiones, señalando que hay todavía áreas de la reconstrucción de inteligencia –como el de sus dependencias jurídicas-, que a veces terminan olvidadas, insertas en otras escalas inferiores de prioridades, a modo de retazos, dentro del cajón del sastre, quedando fuera del gran atavío, que es el complejo bordado y entramado de un servicio de inteligencia.

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(1)Derecho de los servicios de inteligencia, nuevo ángulo de la especialidad jurídica. Andrés Gómez de la Torre, “Sistemas de Inteligencia Comparados. Aportes al caso peruano”, IDEPE, 2010 p.99.

(2)Paper de Manolo Vela. Incluido en el Dossier preparado por Jenny Ellis, Program Officer, Carpeta de Trabajo, Justice in Times of Transition. Harvard. 2002, Lima & Cambridge MA. Junto a los estudios de Bernardo Arévalo de León de Guatemala, José Manuel Ugarte de Argentina y Raúl Benitez Manaut de México, entre otros.

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* Trabajó en el SIN, el CNI y la DINI, para los últimos cuatro gobiernos (Perú 2000, Acción Popular, Perú Posible y APRA). Ex asesor parlamentario en asuntos de inteligencia y defensa nacional (2002-2007). Autor de varios ensayos en temas de su especialidad, publicados en Washington, Madrid, Buenos Aires y Lima.